Fuente: El Economista ~ El desempleo es una problemática fundamental a resolver en los próximos años. Actualmente la tasa de desocupación se ubica en 10,2 % y afecta a cerca de 2 millones de personas. En un país con 42% de pobreza, es menester resolver esta situación.
En diálogo con El Economista, el empresario textil, Teddy Karagozian, habló sobre su propuesta para crear una “mochila argentina” que permita al trabajador llevar consigo su indemnización, adoptando un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI). “Esta iniciativa responde a la necesidad que plantea la izquierda de generar trabajo y el de la derecha de bajar el gasto público”, aseguró el dueño de TN Platex, la hilandera más grande del país.
Usted sostiene que su propuesta resolvería varios problemas de la economía argentina, ¿pero no son factores fundamentalmente macroeconómicos que generan esas dificultades?
El déficit, la emisión, la inflación o la gran cantidad de impuestos son cuestiones que repercuten en la sociedad, pero fundamentalmente son síntomas de una enfermedad mayor. El problema real es que el gasto público es muy alto debido a que hay muchos trabajadores en el Estado, sumado a muchos jubilados jóvenes y desocupados que viven de las arcas públicas. La causa principal de ese proceso es que los empresarios argentinos no empleamos suficiente gente. La mala situación macroeconómica es consecuencia de todas estas cosas, no sale de la nada.
¿Cómo califica el sistema laboral actual?
Un ejemplo adecuado sería el de una persona que está a punto de ahogarse: ese hombre sabe que está debajo de la línea de flotación y hace un último respiro porque su instinto lo llama porque sabe que esa va a ser la última bocanada de aire. El aumento de impuestos, sobre los que generamos valor, para solventar gastos improductivos como los empleados públicos, sería ese último respiro. Esa es la herramienta que se viene aplicando y no funcionó, porque en ese caso Argentina debería ser el país más rico del mundo al tener semejante carga impositiva.
¿De qué trata entonces el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI)?
La propuesta es un seguro que lo paga todos los meses el empresario y quedará en un fideicomiso administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar. El empleador va a pagar mensualmente en base a la antigüedad promedio de sus empleados. El piso es del 2%, para las empresas que tengan un promedio de antigüedad más alto, y un techo del 8,33% para los que roten su personal más seguido. Con el pago que realizan esas firmas, el fondo recaudaría más de lo que esa compañía necesita para pagar las indemnizaciones. Otra diferencia sustancial con respecto al sistema actual es que la indemnización se cobrará mes a mes hasta agotar los años de antigüedad con el Estado como garante. Esto traerá fluidez tanto a la familia del despedido como al trabajador que se haya tomado un tiempo.
¿Cómo se pagaría y qué diferencia habría entre los despidos y las renuncias?
El trabajador tendrá a disposición, en caso de despido o de retiro, un ingreso mensual por cada año trabajado. El primer mes de la indemnización correrá a cargo del empleador, bajando significativamente el costo del SGI y facilitando la administración del sistema para que Anses tenga un mes de gracia a fin de tramitar el pago de esa indemnización. En caso de un cambio de empleo o deseo de descanso por parte del trabajador, no cobrará el primer mes para no incentivar el cambio innecesario, pero no pierde ese mes de su activo. La principal diferencia con respecto al marco actual es que desaparece la distinción entre despido con y sin causa. Asimismo, también será indistinto si el vínculo laboral terminó por despido por parte la empresa o si la persona prefirió renunciar, pues en ambos casos el trabajador tiene y mantiene sus derechos.
En la construcción existe un esquema parecido. Sin embargo, eso no bajó la informalidad sino que continúa siendo un sector con un alto porcentaje de trabajadores en negro. ¿Cuál es la diferencia con lo que usted propone?
En la construcción hay un fondo que está a nombre del empleado. En este sistema hay un fondo que es un seguro que tiene el trabajador, que genera un activo para esa persona y una reducción del pasivo laboral para las empresas. Otra diferencia es que el SGI es más barato porque se cobra más a quienes despiden más, y viceversa. El empresario tiene la motivación de sostener su personal y el empleado la tranquilidad de que va a cobrar su indemnización. Me gustaría aclarar que esto no es un fondo de desempleo, es un activo para el empleado que va a cobrar lo que le corresponde sin ningún tipo de necesidad de conflicto.
¿Habló con sectores de la política sobre este proyecto? Porque muchas veces es difícil ponerse de acuerdo y que este tipo de iniciativas sean implementadas.
Me llamaron casi todos los partidos políticos por este tema, a excepción de la izquierda. Todos me manifestaron el deseo de avanzar en esta medida de algún modo. Esto va a bajar la presión que tiene el Estado de ser el empleador de último recurso y se podrá achicar el gasto, bajar los impuestos, la inflación y así mejorar la situación de pobreza. Esta iniciativa responde a la necesidad que plantea la izquierda de generar trabajo y el de la derecha de bajar el gasto público.
¿No hace falta primero cambiar la ley de contrato de trabajo para avanzar en este mecanismo?
Lo que se pide en la legislación no es castigar a los empresarios por despedir, sino compensar a la persona que se queda sin empleo. Esta iniciativa cubre esa parte porque diferencia al que despide y al que se va por su cuenta con el pago que hace el empresario el primer mes en caso de despido. Rara vez en Argentina el trabajador recibe el total de su indemnización y aquel que lo cobra a partir de un juicio tiene que pagarle a un abogado, sumado a que seguramente pasen muchos años antes de llegar a cobrar. Con este esquema, hay un garante del derecho que es ese fideicomiso. Son más beneficios para el conjunto de los trabajadores. La política debe promover la generación de empleo para los habitantes, la ley de contrato de trabajo actual va en contra de esto.
¿En principio no aumentaría el costo laboral debido al pago que realizarían las empresas para constituir el SGI?
En la teoría sí, pero no en la práctica. En el caso de una empresa que no tiene más ese pasivo laboral del que hablo, tendrá luego una mayor posibilidad de acceder al crédito. En caso de quiebra, los bancos cobran después que los empleados y por eso no dan créditos razonables. Al tener ese activo, este riesgo desaparece y las empresas serán sujeto de crédito. El segundo beneficio es que aumenta la productividad, porque al no haber conflicto la gente deja de faltar, trabaja mejor y más rápido. Además, al no tener personas que se auto accidentan para hacerse despedir, bajará el costo de las ART.
¿En qué se beneficiarían los empleados?
El empleado obtendrá un ingreso mayor. A partir de esta normativa, el trabajador tendrá su sueldo más el activo que acumula en el SGI que, en caso de no cobrarlo, se suma a la jubilación. Esa “mochila” de la que hablamos se convierte en un activo que el empleador paga mes a mes. En caso de cambiar de empresa, la persona se lleva consigo la antigüedad acumulada en su trabajo previo. Entonces, los currículums subirán de precio, porque un empleado que estuvo muchos años en una empresa es un trabajador fiel y competente. Ese seguro también funciona como una garantía para acceder a crédito para los trabajadores. A su vez, las empresas le van a pagar más a los buenos empleados para que no se vayan: eso también va a disminuir la cantidad de desempleados y así también habrá mejores sueldos.
¿El Estado deberá pagar también ese aporte? ¿Qué sucede si un empleado público quiere pasarse al sector privado?
El fideicomiso finalmente va a recaudar más de lo necesario de parte de los privados porque se paga el doble. Por otro lado, este fondo siempre va a tener dinero porque es un flujo. Un buen ejemplo es el de un empleado del Estado que trabaja allí hace 10 años. A partir de este sistema comenzarán a haber mejores oportunidades en el sector privado y en caso de cambiarse, esa persona mantendrá su antigüedad. Entonces, las arcas públicas tendrán un sueldo menos que pagar. A su vez, la empresa contratante también aportará al SIG por ese empleado y al sector público por los aportes que ya se pagan normalmente.