Fuente: IProfesional – Según señalaron desde la Secretaría de Comercio, fue por «incumplimiento a las normas vigentes» e implica un ahorro tributario de $16.000 millones.
El Gobierno nacional excluyó a cinco empresas radicadas en Tierra del Fuego del régimen de promoción industrial por incumplimiento de las normas vigentes, lo que implica un ahorro tributario de $16.000 millones, según informó la Secretaría de Comercio. Se trata de casi la mitad de empresas textiles que estaban inscriptas en esta provincia.
En el marco de la prórroga hasta 2028 del subrégimen Textil de Tierra del Fuego, once empresas se inscribieron para gozar de las ventajas fiscales que proporciona el sistema, pero cinco de ellas no cumplen con los requisitos.
Tierra del Fuego: el Gobierno excluyó a cinco empresas textiles de los beneficios
Entre los principales beneficios se encuentran las exenciones del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado, de los derechos de importación, de los Impuestos Internos y de otros impuestos nacionales que pudieran crearse en el futuro.
«Uno de los requisitos omitidos es la acreditación de origen, un procedimiento que certifica que las telas fabricadas pasaron por el proceso productivo reglamentado en el subrégimen», señalaron desde Comercio.
La dependencia explicó que «para poder adherirse a la prórroga del régimen especial fiscal y aduanero, toda empresa debía cumplir con los requisitos previstos en el Decreto 594/23 que son: la renuncia expresa a juicios futuros contra el Gobierno Nacional; la renuncia a juicios futuros contra el Gobierno Provincial; no poseer causas judiciales en trámite por dicho motivo; la acreditación de origen de sus productos en el último año y la acreditación de cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales».
«Las empresas excluidas por incumplir con al menos una de estas condiciones tendrán que restituir al Estado el beneficio otorgado desde el 1 de enero de 2024», afirmaron desde Comercio.
La Secretaría añadió que «hasta ahora, los beneficios fiscales de la industria textil del subrégimen de Tierra del Fuego representan un costo anual aproximado de $20 mil millones. Las cinco empresas que fueron desafectadas representan el 80% del volumen productivo total».
Subsidios en Tierra del Fuego, un programa en el ojo de la tormenta
El régimen actual permite a ciertas industrias o empresas disfrutar de beneficios fiscales y aduaneros y está cerrado para el ingreso de nuevas empresas y productos, aunque el Decreto nacional N° 479/95 las habilita a solicitar la sustitución de productos obsoletos por otros de mayor relevancia comercial.
De igual modo, las autoriza a sellar alianzas comerciales o comprar empresas con los beneficios promocionales vigentes, entre los cuales se destacan la liberación de pago del IVA ventas; exención de impuestos nacionales (IVA compras, Impuesto a las Ganancias); pago reducido de alícuota en Impuestos Internos (6,5%); exención de aranceles a la importación.
Estas ventajas incluyen también a la producción o ensamble de aire acondicionado; horno microondas; teléfonos celulares; monitores; televisores y equipos de audio y video.
Uno de los principales opositores a que se mantenga este régimen de subsidios a un sector industrial fue el diputado nacional, José Luis Espert, uno de los aliados más cercanos al presidente Milei, quien en su momento reclamó terminar con los beneficios impositivos que reciben las industrias de Tierra del Fuego, provincia en la que dijo se llevan a cabo «negocios truchos de manera prebendaria y corrupta».
Como ejemplo, citó a la prohibición de la cría de salmones como parte de ese lobby de las industrias locales, además de sostener que sin el régimen Tierra del Fuego tendría una industria hidrocarburífera y minera «sin la putrefacción de la promoción industrial que tiene».
Uno de los principales aspectos en los que se centró el debate sobre esta promoción, además de que beneficia a empresarios cercanos al poder como Nicolás Caputo, es que el Estado deja de recaudar cerca de u$s1.567 millones por año que el fisco no recibe al otorgarse este tratamiento impositivo.
Otra de las críticas se basa en que, a pesar de las ventajas que perciben las ensambladoras, los precios de sus productos son mucho más caros que si se importaran sin pagar retenciones o tributos.