Oficialmente, se terminó la era de la Argentina completamente abierta al mundo y también la etapa de desarme de las trabas a las importaciones que había impulsado Mauricio Macri.
El Gobierno de Alberto Fernández no solo está decidido a avanzar en una «agenda industrialista», sino que el Ministerio de Desarrollo Productivo ya está trabajando en un plan para monitorear y proteger a los más diversos sectores industriales frente a la competencia del exterior.
En paralelo a la Ley de Emergencia, la cartera que conduce el ministro Matías Kulfas viene trabajando junto a numerosas cámaras empresarias con un objetivo muy concreto: detectar aquellos productos que en los últimos años se vieron golpeados o están hoy amenazados por las importaciones, en un contexto de bajo nivel de consumo.
¿El objetivo? Comenzar a reactivar mecanismos de control que habían sido desmantelados o habían quedado suspendidos durante la anterior gestión, para evitar que la competencia que llega del exterior tenga total vía libre y sin monitorear precios, orígenes o normas de calidad.
Kulfas ya tuvo reuniones con referentes de diversas ramas de actividad, incluyendo textil, calzado, juguetes, marroquinería y línea blanca. Y en cada uno de esos encuentros, el equipo de funcionarios les pidió que acerquen un listado de los artículos que requieren un control más inmediato por la amenaza que llega del exterior.
«Como planteó el Presidente, nadie regala mercados. Por eso vamos a cuidar el mercado interno y para ello estamos estudiando medidas para defender a la industria nacional, que estén en línea con la Organización Mundial de Comercio». Esas fueron, según explicaron varios representantes de cámaras industriales, las palabras que habría utilizado Kulfas en cada uno de los encuentros que mantuvieron.
Vuelven las LNA
«Concretamente, a todos ya nos pidieron listados porque están estudiando reactivar todo el sistema de licencias no automáticas», planteó el directivo de una cámara, que pidió off the record.
Las LNA habían sido noticia a nivel nacional hace algunos años, más precisamente en épocas de Guillermo Moreno, cuando estaba al frente de la Secretaría de Comercio y el funcionario las utilizaba para demorar el ingreso de mercadería del exterior.
Según la OMC, se trata de un procedimiento administrativo por el cual se requiere de la presentación de una solicitud como una condición previa para efectuar la importación de la mercadería alcanzada.
La cartera encargada de monitorearlas, en la práctica y según la OMC, dispone de hasta unos 60 días para autorizar dicha importación y otorgar la licencia, si no se registra ningún problema, como puede ser que el producto ingrese a precio de dumping.
Sin embargo, en las épocas de Moreno, se habían utilizado como una barrera infranqueable, dado que la gestión de una LNA podía llegar a demorar más de 180 días, generando que muchas empresas directamente abandonaran la gestión.
Con ese plazo, Moreno se aseguraba un freno a las importaciones. Sin embargo, como esto iba en contra de las normas de la OMC, la Argentina recibió denuncias ante la OMC por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros.
Ahora, desde el Gobierno se encargan de recalcar que las medidas no irán en contra de la legislación del comercio internacional. «Nos hablaron de un mayor control pero inteligente, con el objetivo de defender a la industria nacional y cuidar el empleo», agregó la fuente consultada, que formó parte de una cumbre en la que confluyeron el Ministerio de Desarrollo Productivo y el de Trabajo y, por el lado de los privados, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Empresaria (CGERA).
Las licencias no automáticas no llegaron a ser completamente desmanteladas por el gobierno de Macri: en 2018 se habían llegado a desactivar 314 LNA de un universo de 1.600, es decir, cerca de un 20% del total. Productos metalúrgicos, hilados, derivados del plástico, celulares, televisores y equipos de aire acondicionado fueron algunos de los bienes que dejaron de estar bajo este mecanismo de control.
Sin embargo, el mayor cambio tuvo que ver con su utilización: durante el macrismo, las LNA directamente pasaron a funcionar como licencias que se aprobaban de manera automática. Es decir que el anterior Gobierno no las utilizaba para monitorear al flujo de importaciones y habían perdido su razón de ser.
«Estaban virtualmente inutilizadas. Así que para nosotros es muy positivo que vuelvan a usarse para ayudar a controlar lo que llega del exterior. Cuando se trae un artículo de afuera, también se está importando mano de obra», advirtió el directivo que estuvo mano a mano con Kulfas.
Si bien la última devaluación dejó un tipo de cambio competitivo para la industria y las compras al exterior sintieron el impacto, el temor entre los empresarios es que, ante el primer síntoma de recuperación, ese crecimiento sea capitalizado por la competencia importada.
Desde la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) confirmaron que ya tuvieron reunión con Kulfas y con todo el equipo de la Secretaría de Industria. «Nos anticiparon que habrá un férreo control de las importaciones y una administración de comercio justa», dijo uno de los referentes de la entidad, en diálogo con iProfesional.
El empresario agregó que «nos confirmaron también que no vamos a tener trabas para importar insumos pero que sí van a poner mucho la lupa monitoreando los valores a los que llegan los productos terminados, para combatir la subfacturación».
Desde la industria del calzado aseguran que están atravesando un momento crítico, de la mano de una caída fuerte del consumo, agravando los efectos de la competencia de calzado asiático, de bajo precio.
«En 2014 llegamos al récord de producción, con 125 millones de pares fabricados en el país. En 2018 cerramos en 80 millones de pares y este año estaremos un 10% por debajo. La situación es desesperante», advirtió.
Ante la consulta de iProfesional, fuentes cercanas a Desarrollo Productivo prefirieron no hablar de controles «férreos», pero sí confirmaron que con los sectores industriales «se conversó sobre un lineamiento general de política económica de defensa de la industria nacional y la utilización de mecanismos de administración del comercio».
Los empresarios de la Cámara de la Industria del Juguete también formaron parte de las mesas de trabajo. «Nos recibió Kulfas y todo su equipo. Les contamos el estado de situación del sector y todo el problema vinculado al exceso de oferta importada, que prácticamente se duplicó en valores desde 2015. Nos pidió tiempo pero nos aseguró que está trabajando en una agenda dirigida a fortalecer la industria».
Valores criterio, para evitar que un producto entre por debajo de determinados niveles de precios, licencias no automáticas y normas de seguridad forman parte del combo de medidas que buscarán potenciar.
También, los industriales le propusieron a Kulfas reflotar el acuerdo que el sector había alcanzado con supermercados y cadenas, por el cual se comprometían a no importar productos que sustituyeran a los de fabricación nacional y así mantener un nivel 50-50 entre juguetes nacionales y del exterior.
Si bien era un acuerdo entre privados, el mismo era monitoreado por la Secretaría de Comercio, hasta que dejó de ser avalado por el gobierno de Macri, en 2016.
El sector advirtió que hoy hay 548 importadores en un mercado completamente recesivo, por lo que se están «canibalizando» entre sí, rematando el exceso de stock y empujando a las fábricas de juguetes al cierre, según advirtieron.
En el Gobierno también estarían mirando de cerca la evolución del polo electrónico de Tierra del Fuego, que cierra el 2019 operando al 50% de su capacidad y con los peores niveles de producción en una década.
Según había adelantado iProfesional, el gobierno provincial y los gremios trabajaron palmo a palmo en los últimos meses junto a Mercedes Marcó del Pont, ahora al frente de la AFIP, en un programa para relanzar el polo fueguino, con la posibilidad de sumar nuevas categorías de productos –incluyendo componentes para generación de energía limpia y maquinaria agrícola- y, más a largo plazo, impulsar negocios de exportación.
Ahora, el tema que estaría en la mira es el del monitoreo de importaciones. El punto clave es que a fines de 2017 el entonces secretario de Comercio, Miguel Braun, había emitido una resolución por la cual se suprimían todas las licencias no automáticas del sector para facilitar la competencia y avanzar con una baja de precios.
Así, celulares, equipos de aire acondicionado, televisores, microondas y otros dispositivos pasaron a tener licencias automáticas, es decir, de aprobación «exprés».
«Hoy no tenemos ninguna herramienta para protegernos de las importaciones», confirmó un empresario vinculado con la industria.
Cabe destacar que la producción de celulares este año descenderá hasta las 7 millones de unidades, el nivel más bajo en una década, según proyecciones que trazan en el sector. En el caso de televisores, la meta es cerrar este año con 2 millones de equipos, un 40% por debajo del «mundialista» 2018 y el peor registro desde que Cristina relanzara el régimen.
Si bien el mercado de electrónica está muy deprimido por la suba del dólar, la crisis de consumo y la pérdida de poder adquisitivo, el temor es que una mínima reactivación sea capitalizada por importaciones.
Una figura de confianza
Un dato clave es que el funcionario que se deberá ocupar de administrar las licencias no automáticas y cualquier otra herramienta vinculada con el monitoreo del comercio exterior sería Ariel Schale, muy reconocido entre los empresarios Pyme.
Sucede que Schale se venía desempañando en los últimos años como director ejecutivo de Fundación ProTejer.
«Él conoce como pocos el paño. Sabe lo que es manejar una Pyme y sabe lo que cuesta competir. Es alguien que conoce mucho de industria», confió un industrial que lo conoce de hace tiempo.
Schale estuvo al frente de la Subsecretaría de Industria y Comercio Exterior, en épocas de Débora Giorgi y hasta el 2011 se desempeñó como subsecretario de Comercio Internacional en la Cancillería.
El funcionario, cuando era directivo de ProTejer, fue crítico del acuerdo que la Argentina había firmado con el Mercosur.
«Tenemos un sector industrial con una eficiencia sectorial de clase mundial, en una economía no competitiva. Entonces, es riesgoso salir a entregar un mercado de bienes industriales al mundo sin resolver las cuestiones de competitividad», afirmaba tiempo atrás.
Ahora, será uno de los responsables de monitorear qué es lo que ingresa al país y una figura clave en lo que el Gobierno de Alberto Fernández denomina «administración inteligente» del comercio exterior.