Fuente: SomosPymes – Cancillería y la Secretaría de Comercio aseguraron que harán cumplir la ley en base a un plan nacional de controles.
El Gobierno prometió a Estados Unidos fiscalizar a partir de junio las actividades en La Salada y el avance de la piratería en el país. Lee además
Lo hizo luego de las observaciones sobre los desafíos a la propiedad intelectual que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos -2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement- reiteró en su último informe.
La promesa del Gobierno a Estados Unidos por La Salada
El documento de las autoridades norteamericanas incluye de nuevo a la feria de La Salada como mercado de productos falsificados y piratería tanto en Lomas de Zamora, y la actividad ilegal en Once y a lo largo de todo el país.
También se refirió al comercio irregular online de la mercadería, a través de las redes sociales, así como al crecimiento de la piratería en internet.
Estados Unidos se quejó de la «casi inexistente» legislación penal que sancione esa práctica.
La Cancillería reaccionó ante el llamado de atención, que se repite todos los años.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, comprometió que la fiscalización se hará a partir de junio, aduciendo que el cambio de gobierno obligó a reestructurar organigramas y la agenda oficial de actividades.
«Está el tema de La Salada, de la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley», puntualizó el funcionario.
Al respecto, la Secretaría de Comercio se encuentra desarrollando un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior.
La cuestión de las patentes va más allá del enorme mercado informal que funciona paralelamente pero a la vista, y la industria nacional farmacéutica tradicionalmente se enfrentó con las presiones de los lobbies norteamericanos para que se cumplieran las prácticas vigentes en el Hemisferio Norte.
Sobre el particular, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) emitió un comunicado en el que destaca que «si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, la Casa Blanca ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas».
El llamado de atención de Estados Unidos
Si se observa la lista de países suministrada por la administración de Joe Biden, la problemática sobre la propiedad intelectual se extiende a una red mucho mayor que Argentina.
Figuran Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. Y en la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.
El gobierno norteamericano lleva más de una década mencionando sistemáticamente al complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como «uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica» de comercio irregular.
Pero incorpora a la lista la continua venta online de productos falsificados a través de las redes sociales y el crecimiento de la piratería en internet, que adjudica a la «casi inexistente» legislación penal que sancione esa práctica. Y reitera la poca respuesta del Estado ante estos delitos.
«La policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias», expuso el informe.
El organismo enumeró como otro desafío actual que «los innovadores sectores químico y del agro tienen una protección inadecuada contra el uso comercial desleal y frente a las filtraciones de tests y otros datos generados para obtener la aprobación de productos».
En ese sentido, se alude a las limitaciones del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que, según los norteamericanos, «continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que desafían la contratación y retención» de personal.
«La Argentina hizo un progreso limitado en materia de protección y cumplimiento de propiedad intelectual en 2023″, insiste el informe.
La evaluación de Estados Unidos sobre propiedad intelectual, marcas y patentes se hace en contacto con cada uno de los países mediante una comisión mixta (TIFA, por sus siglas en inglés) y el foro de innovación, donde cada parte da su punto de vista y hace consideraciones sobre los temas planteados.