El Gobierno busca desalojar el shopping Distrito Arcos para avanzar con un proyecto urbanístico

El shopping Distrito Arcos, el complejo comercial a cielo abierto ubicado en el barrio de Palermo, vuelve a estar en medio de una polémica. El Gobierno, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) está impulsando el desalojo del predio para avanzar con un proyecto urbanístico. Aunque la causa judicial que busca ponerle fin a la concesión no es nueva: se viene tramitando desde 2015 en el  Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Numero 5.

El plan de la AABE es continuar desocupando predios ferroviarios del barrio de Palermo para el desarrollo del proyecto Palermo Green —con espacios públicos, viviendas, oficinas y locales comerciales— que se extenderá sobre los terrenos de la zona luego de la finalización de las obras de elevación de las vías del tren San Martín. Hace dos semanas, con ese mismo objetivo, se desalojaron  la estación de servicio Shell y el boliche Brook, que funcionaba sobre la avenida Juan B. Justo entre Honduras y Gorriti.

Aunque no estaba previsto en el proyecto original, ahora desde AABE confirmaron a Infobae que el desarrollo urbanístico también avanzará sobre el predio que actualmente ocupa el shopping, delimitado por las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe y las calles Paraguay y Godoy Cruz.

Entre los argumentos del organismo para pedir el fin de la concesión y desalojo del shopping es que el contrato actual entre Arcos del Gourmet, la sociedad anónima que administra el centro comercial, y el Estado Nacional es una readecuación de un contrato anterior de concesión firmado en 2003, donde se estipulaba que el destino del predio debía tener «fines gastronómicos» y que se hizo sin licitación pública.

Arcos del Gourmet es propiedad de IRSA, el principal desarrollador de shoppings del país que administra, entre otros, el shopping Abasto, Alto Palermo, DOT, Alcorta y Patio Bullrich. La inversión que realizó para la apertura de Distrito Arcos, uno de los pocos centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, fue de USD 60 millones. Se inauguró el 18 de diciembre de 2014, un año después de lo previsto por otro conflicto con un grupo de abogados y asociaciones de comerciantes que impusieron un amparo porque consideraban que tendría un impacto negativo en sus negocios.

Como el tema está judicializado desde 2015, IRSA paga el canon correspondiente a través de un depósito judicial mensual en una cuenta del Banco Nación. El último depósito fue de $248.520 (unos USD 6.000) más otros $7.455 de tasa judicial por el alquiler del mes de febrero, de acuerdo a los comprobantes a los que pudo acceder Infobae. Fuentes de IRSA explicaron que la decisión de no actualizar el canon es de AABE y no de la empresa.

En una presentación judicial, IRSA explicó que la compatibilidad del proyecto de Distrito Arcos con los usos admitidos ya fue tratada en otras causas en 2014 y 2015, donde la Justicia falló a favor de la empresa y dio validez a que el centro comercial funcione en el predio, según consta en resoluciones confirmadas por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria.

Desde la primera concesión del predio, en 2003, fueron varios los organismos que intervinieron. El primer contrato se firmó con ex Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) y luego se sumó otra concesión de un playón cercano que estaba afectado al transporte ferroviario de cargas pero que pertenecía a la firma América Latina Logística (ALL). Según argumenta ahora desde la AABE, la empresa ALL no se encontraba facultada para realizar contratos sobre los inmuebles para otro destino que no sea la actividad ferroviaria.

Para sumar más complejidad al tema, en 2005 desaparece el ENABIEF y sus terrenos e inmuebles son transferidos al ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado), que también fue disuelto y reemplazado por el actual AABE. El contrato de IRSA con el ONABE fue transferido a ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) con vencimiento al 31 de diciembre de 2025. 

Parte del conflicto actual se origina en diciembre de 2014, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó la Sociedad Playas Ferroviarias de Buenos Aires, cuyo capital inicial estaba conformado por las playas ferroviarias de Liniers, Palermo y Caballito y pertenecía a Anses y el Ministerio de Economía. Entonces, se revocaron todos los contratos de concesión de uso celebrados sobre los inmuebles transferidos, incluido el de Arcos, que se dispuso a través de la Resolución 170 de la AABE en 2014.

Esa resolución es la que AABE —que recibió las acciones de  Playas Ferroviarias— busca hacer cumplir ahora. Por eso, el pasado viernes 15 de marzo, Arcos del Gourmet, la empresa de IRSA, solicitó ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 una medida cautelar para suspender cualquier procedimiento judicial de desalojo que se pretenda ejecutar, de modo forzado, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en el juicio de nulidad de la concesión.

«La Resolución AABE 170/2014 dispone la revocación de la concesión vigente afirmando que es necesario para la transferencia del dominio a la sociedad anónima estatal que desarrollará proyectos urbanísticos. Esta supuesta necesidad y conveniencia de proceder al retiro de las personas y los bienes de los predios a transferir no guarda ningún tipo de equivalencia con los perjuicios que produce«, señaló IRSA en su pedido de la medida cautelar. Además, advirtieron que no existen constancias de que el nuevo proyecto vaya a iniciarse en el corto plazo.