Fuente: IProfesional – Los sindicatos trazaron un duro panorama de la actividad textil y del calzado. Respaldo al plan de lucha de la CGT y duras criticas a la gestión de Milei.

Despidos, suspensiones, caída de la producción y pérdida del poder adquisitivo. Un combo que desató la tormenta perfecta en la industria textil y del calzado. El duro panorama decantó en una convocatoria de las organizaciones gremiales de la actividad, que analizaron la situación exigiendo medidas al gobierno para revertir la situación y adelantaron que continuarán con este tipo de encuentros, que sirven para «fortalecer» al sector.

Si bien por ahora no convocaron a una medida de fuerza en la actividad, expresaron un absoluto respaldo y participación al plan de lucha aprobado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que consiste en una marcha nacional por la Universidad Pública del 23 de abril, la movilización del Día del Trabajador el 1 de mayo y el paro nacional previsto para el 9 del mismo mes.

La preocupación de los gremios -que coincide con los mismos planteos realizados por las cámaras patronales- sostiene que «esta política económica instrumentada por el gobierno nacional, provoca el peligro de una aceleración de los despidos, en detrimento de las fuentes del empleo registrado».

El plan económico afectó los ingresos, impactando en el consumo

El cónclave se llevó a cabo en la sede de la Asociación Obrera Textil (AOT), donde su titular, Hugo Benítez, recibió a sus pares del Sindicato de Empleados Textiles (SETIA) José Minaberrigaray; de la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI), Pablo Mage; del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (SOIVA), Jorge Rojas y al secretario Adjunto de la Unión de Trabajadores del Calzado (UTICRA) Horacio Jerez.

Los dirigentes debatieron sobre la «crítica» situación que atraviesa toda la actividad textil y del calzado desde la llegada de Javier Milei al Ejecutivo, «con medidas que directamente impactan en el sector, donde la licuación salarial se combinó una marcada caída en el consumo, que derivó en la paralización de la producción», explicaron.

Benítez sostuvo que «el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, atenta contra la industria en general, donde notamos un freno a la producción por la suba del precio de los alimentos, los servicios y el transporte, afectando el poder adquisitivo de los salarios».

Gremios textiles advierten ola de despidos y fuerte caída de la producción: ¿se viene un plan de lucha?

Reclamo por la situación que atraviesan las obras sociales

Rojas del SOIVA, amplió: «Esto es un efecto dominó, ya que la falta de ventas provoca acumulación de stock; en consecuencia, primero se pierden las horas extras, después se pasa a las suspensiones o licencias y luego al despido, porque las Pymes no tienen espaldas para soportar el ajuste que está llevando adelante el gobierno».

Los sindicatos calificaron como «perversa» escalada de los precios en los medicamentos, prestaciones e insumos entre otros servicios, que «afecta el normal funcionamiento de las obras sociales, poniendo en riesgo las coberturas de salud que el sistema le ofrece a los afiliados y su grupo familiar».

Al respecto, Benítez apuntó que «el aumento de las prepagas se convirtió en tema de debate nacional, mientras tanto el Ejecutivo no envía los fondos a las obras sociales, que están siendo sostenidas con el aporte de los sindicatos» y advirtió que «sin la asistencia de las obras sociales el sistema de salud estaría desbordado, pero a esto nadie parece prestarle atención».

Advierten que se va a repetir la caída industrial del menemismo y de Macri

Minaberrigaray, por su parte, manifestó que «de continuar el actual modelo económico, tanto los sindicatos como las empresas sufriremos un verdadero desastre como ya ocurrió en los 90 con el menemismo y se repitió con el gobierno de Mauricio Macri» y recordó que «las Pymes son las verdaderas generadoras del empleo, y hoy se ven afectadas por la falta de ventas y un aumento de los servicios que se hace impagable».

Los sindicalistas coincidieron en que si se mantiene el programa de ajuste «tras las suspensiones se van a acelerar los despidos, por lo que luchar por una recomposición salarial terminará siendo utópico». Voceros del encuentro dijeron a iProfesional que «Milei ganó las elecciones con un discurso rupturista, pero cuando llegó a la Casa Rosada convocó a los que ya habían fracasado, como Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, y tiene como aliados a Macri y Vidal, lo que significa una ruptura del contrato electoral».

Por último, informaron que van a continuar con estos encuentros para seguir «evaluando la situación del sector y analizar las próximas acciones gremiales, para enfrentar la actual crisis del país y defender las históricas conquistas de la fuerza laboral«, dictaron en un documento firmado por los cinco gremios.

Los sindicatos trazaron un duro panorama de la actividad textil y del calzado

Las empresas avisan que tomarán medida que afectan los puestos de trabajo

Una encuesta de la Fundación Pro Tejer indicó que el 51 por ciento de las empresas consultadas debió tomar medidas que afectan las fuentes de empleo, relacionando esta dinámica a la pérdida del poder adquisitivo de la gente que provocó un desplome en las ventas. Luciano Galfione, director de Pro Tejer y dueño de una de las pocas fábricas de hilados sintéticos del país, expresó que «en el primer trimestre, tuvimos que cerrar turnos de trabajo, pero ahora debemos recortar nuestro equipo de colaboradores en un 20 por ciento».

El relevamiento agregó que la producción textil cayó un 35 por ciento, en tanto que el 79 por ciento de las fábricas no realizará inversiones durante el 2024 y/o han cancelado inversiones previamente planificadas. El 69 por ciento de las empresas registraron caídas en la utilización de su capacidad instalada. Esta situación va postergando decisiones de inversión en renovación de equipos, en un sector muy dinámico en materia de actualización tecnológica de la maquinaria.

Yeal Kim, ex titular de Pro Tejer y presidente de Textil Amesud, (una tejeduría de punto y tintorería de nivel internacional) relató que «el freno en la actividad nos llevó a recortar turnos y días de producción. Ya dejamos de trabajar dos días de la semana y nos vimos obligados a recortar nuestro personal en un 15 por ciento». Avisó que «en los próximos meses vamos a tener que recortar un 15 por ciento más» y relató que las ventas de tejidos cayeron más de un 40 por ciento en los últimos tres meses. 

Fuente: Ámbito – Al menos una decena de sindicatos no cuenta con la homologación legal de sus acuerdos por aumentos de sueldo con empresas y de ese modo, Trabajo los priva de una herramienta clave para exigirlos.

La protesta del sindicato de Camioneros por las complicaciones en su paritaria puso al descubierto una mecánica extendida del Gobierno: una evasión deliberada de su rol de contralor en las negociaciones salariales que habilita a los empresarios a retacear aumentos pactados por las propias cámaras sectoriales. La maniobra pudo ser verificada por este diario no sólo en el gremio de Hugo y Pablo Moyano sino también en los de alimentación, textiles, encargados de edificios, plástico, aceiteros, molineros, mineros y pasteleros, entre otros. Incluso un grupo de organizaciones del rubro industrial prepara por esta omisión una presentación judicial contra la administración libertaria.

La falta de homologaciones fue asumida por la propia Secretaría de Trabajo aunque con una explicación de orden administrativo: producto de la aceleración de la inflación la cartera laboral pasó de una dinámica de legalizaciones de negociaciones de una vez al año por cada sindicato a otra bimestral y hasta mensual, que venía de arrastre en la gestión de Alberto Fernández y se agudizó con la devaluación de Javier Milei y Luis Caputo.

En reserva, los funcionarios reconocen ante los dirigentes que las firmas sólo avanzan si los acuerdos contemplan las pautas salariales dictadas por el ministro de Economía: no más de 19% para enero, 15% para febrero y 12% para marzo. La suba de los valores de la canasta básica fue en igual período de 20,6% en enero, en tanto que para febrero se prevé alrededor de 15% y un valor similar para marzo. Esa distancia no contempla el salto de 25,5% de diciembre asociada de manera directa a la devaluación. Los acuerdos de partes tienen, para la administración libertaria, topes más estrictos incluso que los que plantearon anteriores gestiones peronistas y hasta la de Mauricio Macri.

El corrimiento de Trabajo en la legalización de los expedientes tuvo hasta ahora todo tipo de repercusiones en el ámbito laboral. Por un lado, la queja generalizada de aquellas organizaciones que se ven privadas de una herramienta necesaria en muchas ocasiones para reclamar los incrementos resueltos. En paralelo, una mayor reticencia de las empresas a pactar subas por valores que incluso su actividad permite a caballo del guiño del oficialismo y con un agravante: quienes no pagan esos aumentos pero contaban con los recursos para hacerlo pueden utilizar los fondos para invertirlos en lugar de liquidar ajustes a su personal, con la expectativa de que en el peor de los casos deberán pagar con retroactividad pero sin intereses.

Pero quizás la reacción más novedosa, que este medio constató por lo menos en un sindicato de servicios y en otro industrial, es la decisión de no llevar ante la cartera laboral sus cierres paritarios para evitar un eventual mal trago. Esos gremios alegan, con obvio pedido de reserva, que les resulta más sencillo garantizarse el cumplimiento de los aumentos mano a mano con las empresas de sus respectivas actividades que ante los funcionarios.

La maniobra en sí misma no es novedosa en la historia reciente de las relaciones laborales en la Argentina, en particular tras la caída de la convertibilidad y la reanudación de la gimnasia de negociaciones, pero sí lo es su carácter generalizado, coordinado y a priori indiscriminado. Lo que años anteriores era una prerrogativa de un gobierno para complicarle la vida a un dirigente sindical u obstaculiizar una suba salarial puntual lejana de las pautas previstas por el oficialismo de turno, en lo que va de 2024 es la norma en la Secretaría de Trabajo.

La homologación es un acto administrativo propio de las relaciones laborales que consta del control de legalidad por parte de las autoridades de Trabajo. Contra el criterio de normativas de décadas atrás, en las que el Ejecutivo se reservaba el derecho de analizar los convenios colectivos y los acuerdos paritarios bajo la lupa de criterios de «oportunidad» o «conveniencia», la ley laboral 25.877 de 2004 sólo establece como límite el cumplimiento de la normativa vigente. El artículo 22 de esa ley indica que «la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto» y agrega que «transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada».

De hecho en el caso de la paritaria de los encargados de edificios, el gremio Suterh alegó que consideraba tácitamente homologado el último acuerdo salarial alcanzado con sus contrapartes patronales. Tal como anunció a fin de febrero, el sindicato que lidera Víctor Santa María pactó una suba de 45% para los salarios de ese mes con la Unión de Administradores de Inmuebles, la Cámara de la Propiedad Horizontal y la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal. A falta de una firma de la secretaría a cargo de Omar Yasín, el gremio emitió un acta conjunta con las cámaras empleadoras para dar por finalizado el plazo vigente para su homologación tácita, y por ende su plena vigencia.

Pero el episodio más conflictivo hasta ahora es el que dio a conocer Camioneros respecto de tres empresarios y referentes de entidades patronales de Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza, a quienes acusó de haber «presentado infundadas impugnaciones intentando boicotear la homologación» del acuerdo salarial. Esos transportistas, alineados con la dirigente del PRO Florencia Arietto, desconocieron por falta de aval oficial el acta firmada por una de las cámaras patronales, Fadeeac.

Un relevamiento de este medio entre las principales organizaciones sindicales con paritarias resueltas estableció que la omisión es generalizada. En la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) el Gobierno evitó homologar subas acordadas por enero y febrero; lo mismo sucedió con la Asociación Obrera Textil (AOT), que acordó sumas de 100 mil pesos y $ 110 mil no remunerativas para enero y febrero, respectivamente, que se adicionaron a otros 40 mil pesos resueltos previamente para terminar de integrar los sueldos en los meses inmediatamente posteriores. Trabajo no validó esos entendimientos y el gremio que encabeza Hugo Benítez debió pedirle a la cámara industrial que enviara una circular a todos sus asociados para recordarles la obligación de saldar los aumentos.

En otros rubros, como el de la industria aceitera, la Ftciodyara no logró que se homologaran sus acuerdos salaiales ya desde fin del año pasado; la Unión Obrera Molinera (UOMA) tampoco consiguió que se ratificaran en sede administrativa los incrementos resueltos con las cámaras FAIM, CEPA y Caena; en tanto que los mineros (AOMA) sufrió lo propio en cinco convneios colectivos de actividad y otra decena a nivel de empresas, aunque sus autoridades aclararon que «el 99% de los empleadores paga igual» los aumentos, y en el caso de los Pasteleros la omisión se verificó en las subas resueltas en enero para las cinco ramas de su actividad. Mientras que para el gremio de los plásticos (Uoyep) la objeción fue respecto de su arreglo en la rama de autopartes para febrero.

Fuente: IProfesional – Se trata de un incremento del 17,6% para febrero. Cavalieri destacó el acuerdo con las cámaras del sector y adelantó que volverán a reunirse en semanas.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron hoy un acuerdo paritario mensual con un incremento del 17,6% para febrero, lo que lleva al salario básico a $658.000 con presentismo. Se acordó volver a negociar en el mes de marzo. 

Al respecto, Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó: «En este contexto tan complejo, es imperativo asegurar acuerdos mensuales para ir garantizando una protección del salario frente al flagelo de la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores. Seguiremos negociando mes a mes».

Suba de sueldo para empleados de comercio: básico de 658.000 pesos

El acuerdo salarial, que se firmó hoy en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, corresponde a la paritaria de Comercio que va de abril 2023 a marzo 2024.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de febrero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de marzo de 2024 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido. 

Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Cabe destacar que la presente revisión se da en el marco del compromiso de reunión durante el mes de febrero –a iniciativa de cualquiera de las partes– para analizar lo pactado en el acuerdo del pasado 26 de enero ante las variaciones económicas registradas desde entonces, previsto en la cláusula 5ta del mencionado entendimiento.

Con este aumento de sueldo, el básico para un empleado de comercio será de $658.000 con presentismo.

Empleados de Comercio logran aumento de sueldo para rama clave

Tras cerrar una mejora salarial para la rama general, la conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se abocó a discutir mejoras en otras actividades, como la de los call center, donde pactó con las cámaras del sector un incremento del 33 por ciento que se dividirá en dos tramos y se terminará de liquidar en marzo.

Los paritarios de los mercantiles, encabezados por su secretario General, Armando Cavalieri, se reunieron con los representantes de la Cámara Argentina de Centros de Contacto, en el marco del convenio colectivo de trabajo 781/20.

La Federación planteó que los ingresos aumentarán «en base de cálculo en un 11 por ciento remunerativo que se incorpora a las escalas básicas de enero y sobre estas se da un aumento salarial de un 20 por ciento no remunerativo que se cobrará por los meses de enero, febrero y marzo 2024».

Fuente: Infobae – Los cambios apuntan a la baja de la litigiosidad y la flexibilidad de contratación. Cómo se espera que reaccione el mercado.

El DNU del Gobierno nacional dejó mucha tela para cortar, pero pocos decretos generaron tanta polémica como los destinados a la reforma del mercado laboral. Los cambios son muchos y se espera un fuerte impacto en múltiples actividades.

Para darle claridad al nuevo escenario, es necesario analizar los tres grandes ejes de la reforma; qué cambia, a quién afecta y cómo impactará en el mercado.

Qué cambia

– Indemnizaciones: Comenzando por el primer punto –las modificaciones–, no se pueden pasar por alto los cambios decretados sobre las indemnizaciones. Por un lado, el DNU derogó la ley 25.323 y con ello eliminó la reglamentación que duplica las indemnizaciones en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente.

“El empleo formal registrado no crece desde el año 2011 y es un hecho demostrado que las medidas estructurales adoptadas por la Ley de Empleo N° 24.013 y por la Ley N° 25.323 no han podido revertir el problema de la informalidad”, advierte la normativa publicada por el Gobierno nacional.

Otro cambio sustancial, es que a partir de la entrada en vigencia del DNU los empresarios y sindicalistas podrán acordar, en el marco de la negociación colectiva, un sistema indemnizatorio distinto, basado en el Fondo de Cese Laboral de la Uocra. Esto figura en el artículo 81 del DNU, que sustituye el artículo 245 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, y contempla lo siguiente: “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Por su parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley”.

Anticipan que se reducirá la industria del juicio por despidos

En ese punto figura también la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. La misma “no incluirá el Sueldo Anual Complementario ni conceptos de pago semestral o anual”, algo que, en la práctica, equivaldrá a reducir las indemnizaciones.

– Registro de empleados: El DNU del Gobierno nacional apuesta también a una simplificación del sistema de registro de trabajadores. Para ello, anticipa que se creará un sistema electrónico, sujeto a la reglamentación a dictar por el Poder Ejecutivo Nacional.

La norma del Poder Ejecutivo también afirma que “se modifican las Leyes Nros. 14.250, 14.546, 20.744 (t.o. 1976), 23.551, 24.013, 25.345, 25.877, 26.727, 26.844 y 27.555 y se deroga la Ley N° 25.323, a los efectos de mejorar y simplificar los procesos de registración, darle seguridad jurídica a la relación laboral, aumentar el período de prueba (de tres a ocho meses), redefinir la procedencia de los descuentos salariales convencionales, autorizar a las convenciones colectivas a explorar mecanismos de indemnización alternativos a cargo del empleador, tal como se ha implementado en algunas actividades, revisar los criterios de ultractividad y evitar los bloqueos de actividades productivas”.

– Reingreso del trabajador: Si un trabajador que fuera despedido reingresa para un mismo empleador, tiene derecho a que se le compute la antigüedad adquirida por el período anterior, debiendo el empleador, si lo despidiera nuevamente, indemnizarlo por la totalidad del tiempo trabajado para la empresa.

Las empresas deberán reconocer la antigüedad de las personas recontratadas

La novedad es que el valor de la primera indemnización se debe descontar (hasta ahora a valor nominal) al valor histórico más la variación del IPC más un interés del 3% mensual. Cabe aclarar que se prevé que la indemnización nunca podrá ser inferior a lo que le hubiera correspondido por el último período de trabajo.

– Asambleas en el lugar de trabajo: El DNU modifica el artículo 87 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

El nuevo texto, indica que “los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”.

El cambio apunta claramente a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas.

Cómo impactarán las modificaciones

Teniendo claro cuáles son los cambios, resta analizar qué significan realmente y cómo impactarán en el día a día del trabajo. Nuria Susmel, economista de FIEL especialista en mercado laboral, aseguró que el DNU implica “un giro enorme en materia de relaciones laborales e incentivos en la contratación”.

Desde su punto de vista, el factor más determinante del decreto es que saca muchos incentivos a la litigiosidad, como es el caso de las indemnizaciones por no registración. “Todo esto claramente reduce los costos, no los directos, pero los juicios laborales eran un costo potencial que desincentivaba la contratación”, remarcó.

El temor a los juicios laborales desincentivaba las contrataciones

Se mostró de acuerdo el economista Mario Domínguez, quien remarcó que no son pocos los casos en los que los trabajadores amenazan con denunciar a los empleadores por haberles dado trabajo en negro, sabiendo que estaban expuestos a la doble indemnización. “Así es como se alimenta la industria del juicio. Con el cambio en el DNU seguramente habrá una mejora en ese sentido”, comentó.

Por su parte, el economista Jorge Colina sostuvo que las medidas implican cambios significativos en los costos de las empresas, porque facilitan la contratación laboral al darle certezas a la negociación por despido. “Los empleadores no piden que la negociación sea barata, sino que sea cierta. Claramente esto no estaba funcionando”, apuntó.

También compartió su opinión el economista José Anchorena, quien coincidió con sus colegas y consideró que el objetivo del DNU no es per se disminuir los costos laborales, sino dinamizar el mercado laboral formal, de tal manera de que haya más contrataciones registradas. “Estas medidas pueden tanto disminuir los costos de las empresas como mejorar los beneficios de los trabajadores, al permitir que los contratos no sean tan rígidos”, observó.

“Las medidas favorecen sobre todo al dinamismo del mercado laboral, y por tanto favorecen a los trabajadores de bajos ingresos y a las pymes y microempresas que necesitan de ese dinamismo. Por ejemplo, el permiso para que monotributistas puedan tener colaboradores, es fundamental en la creación de empleo formal”, agregó.

Cómo responderá el mercado

Más allá del impacto que las medidas puedan tener en la teoría, será interesante conocer qué respuesta tienen las partes involucradas en la práctica.

Los expertos aseguran que no todos los sindicatos estarán en contra de las medidas (Reuters)

Para Colina, será clave la respuesta del sector sindical, que se verá afectado por los cambios en la “ultraactividad”. El economista recordó que a partir de ahora no van a regir más las causas obligacionales que los convenios colectivos le imponen a los empleadores y a los trabajadores. “En ese punto están incluidos los salarios mínimos de convenio, que son muy altos, y las cuotas sindicales, por ejemplo”, comentó.

Anchorena cree habrá distintas respuestas en ese sentido. “Los sindicatos de sectores más competitivos verán con buenos ojos los cambios, que seguramente verán incrementar la cantidad de representados. Los sindicatos que obtienen una renta exclusivamente a partir de la acción del estado se verán más afectados y querrán defender ese privilegio”, señaló.

“Muchos de los cambios que están en el decreto eran parte de la propuesta de reforma laboral de 2017 del gobierno de Mauricio Macri y debe recordarse que esa reforma se había acordado con sindicatos y gobernadores en ese momento y no terminó de salir por el accionar golpista al Congreso de las 15 toneladas de piedra y la connivencia kirchnerista desde adentro”, planteó el economista.

“Ese acuerdo con sindicatos y gobernadores indicaba que veían como razonables muchas de las cuestiones que se plantearon en ese momento y que se plantean ahora en el decreto”, cerró.

Susmel, por su parte, consideró que los cambios conducirán en general a que se realicen nuevas contrataciones, pero aclaró que sólo con una economía en crecimiento las modificaciones conducirán a la inversión.

Fuente: Línea Sindical – La Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI) y las cámaras empresarias acordaron una actualización salarial del 47% para el trimestre octubre-diciembre que beneficia a los trabajadores y las trabajadoras de la actividad.

El gremio que lidera el Secretario General, Heraldo Mage, informó que la mejora se abonará: de la siguiente manera: octubre, 21% inicial sobre el sueldo de bolsillo compuesto por un 16% de base salarial y un 15% de suma no remunerativa; en noviembre, 15% no remunerativo que se integrará al básico y en diciembre un 22,31% de bolsillo compuesto por un 17% de la base salarial y un 5% no remunerativo.

El acuerdo se alcanzó ayer durante una reunión paritaria citada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y desde el gremio lo consideraron “razonable” porque “permitió subir la base salarial”.

La Comisión Directiva de la UCI agradeció “a los compañeros delegados y afiliados que a través de las asambleas mostraron su apoyo al sindicato en estas paritarias”.

Fuente: El Marplatense – Lo anunció el secretario general del Sindicato de Empleados Textiles De La Industria y Afines (SETIA),  José Minaberrigaray, en diálogo con «UPM» de Mitre (FM. 103.7).

A pesar de la crisis económica que no da descanso, el secretario general del Sindicato de Empleados Textiles De La Industria y Afines (SETIA),  José Minaberrigaray, señaló que el sector creció de gran manera, puntualmente en las provincias del norte del país.

«Hace cinco años que no hacemos el Congreso en Mar del Plata. Lo hicimos en Córdoba y Buenos Aires, pero ahora volvimos a una ciudad que queremos mucho. En la actualidad contamos con 18 mil afiliados a nivel nacional con representación en todas las empresas», dijo Minaberrigaray en diálogo con «UPM», tras mostrar su satisfacción de estar en la ciudad.

Asimismo, en cuanto al momento que atraviesa el sector textil, puntualizó en que es una industria que «creció mucho en los últimos cuatro años de gobierno», como sucedió en Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero.

«La industria, que venía de muchos golpes, recuperó una enorme cantidad de puestos de trabajo y le trajo al país sistemas productivos de alta calidad. Es una industria pujante y queremos seguir creciendo con el desafío de lograr empleos de mayor remuneración y poder adquisitivo», añadió.

«Hay una gran cantidad de industrias textiles e indumentaria, y Mar del Plata es muy pujante en ese sentido. Además, nos dio la sorpresa de que la secretaria general en la ciudad, Silvina Dibene, gestionó ante el Emtur y logró que congreso que llevaremos a cabo este miércoles sea declarado de interés«, puntualizó.

Es necesario señalar que el secretario general estuvo acompañado por secretaria administrativa del Consejo Directivo Nacional, Gladis Albarracín, quien manifestó: «Somos bastantes las mujeres en el Consejo Directivo y nuestro rol es creer que somos capaces y dejar de pensar que el sindicalismo es solo para hombres. Es lo que me apasiona».

Y en esa línea, Minaberrigaray aseguró que «no debe haber igualdad de oportunidades, sino igualdad de condiciones» y que los lugares tienen que ser ocupados «por la capacidad de cada persona», sin importar el sexo, la religión o la ideología.

«Entiendo que hay algunos procesos en los que si los argentinos agudizamos la mirada, los podemos identificar. Vemos una escalada del dólar y una suba importante de precios, y la realidad es que todos los gremios estamos preocupados. Si miramos todo el bosque, es una situación similar a la que tuvo que vivir De la Rúa. Parece que cada vez que encontramos algo bueno para la sociedad, tenemos problemas económicos y debemos dar esos recursos para solventar la situación. Hay intereses que superan a la política», afirmó.

Fuente: CAME – CAME informa que, el día del empleado de comercio, se celebrará el lunes 25 de septiembre y, aunque los establecimientos no estarán obligados a cerrar, deberán acordar una forma de trabajo para ese día festivo.

Si bien inicialmente se había fijado para el 26 de septiembre, –conforme a la Ley 26.541– los firmantes del CCT 130/75 acordarían, en las próximas horas, la modificación para que este año sea conmemorado el lunes 25 del corriente mes. Además, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aclara que dicho festejo no afectará la apertura de los comercios, siempre y cuando sean atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar durante esa jornada.

Los empleados mercantiles podrán optar por no prestar servicios laborales durante ese día. Esta opción no implica el otorgamiento de un franco compensatorio del descanso semanal, sino el pago de un recargo equivalente del 100%, al estar el día del empleado de comercio asimilado a un feriado nacional, de acuerdo a la mencionada ley. Es decir, si el empleado decidiera no trabajar, esto no afectará su salario habitual, en concordancia con lo establecido por la normativa vigente.

CAME recuerda que queda a criterio de los empleadores y sus dependientes (comprendidos en el CCT 130/75), la posición a adoptar al respecto.

Fuente: Puma – Los perfiles de los trabajadores se cargan por medio de la página web. Hay nueve puestos que son importantes y que están a disposición de empleados argentinos.

Una oportunidad laboral que se abre y es muy importante. PUMA, empresa alemana dedicada a la confección de indumentaria, informó que tiene 690 puestos de trabajo disponible para distintas personas. Sin embargo, nueve de ellos son para argentinos, algunos principalmente de Buenos Aires.  

La compañía clasifica sus búsquedas laborales por región y las actualiza permanentemente en su web oficial. Los cargos que la firma busca ocupar en Argentina son los siguientes:

• Sourcing Administration and Order Management
• Foreign Trade Trainee
• IT Help Desk Trainee
• IT Trainee
• Customer Service Trainee
• Paid Media Specialist
• Especialistta en Sostenibilidad y Medio Ambiente (La Rioja)
• Retail District Manager
• Retail e-commerce Project and Technology Specialist

Para postularse a un empleo en PUMA hay que ingresar a su sitio oficial (about.puma.com) y hacer click en la sección «careers». En la parte inferior de la pantalla, se verá que la firma cuenta con 690 vacantes. Hay que ir al lugar donde se observa ese número. Al ingresar, se iniciará la búsqueda laboral filtrando por ubicación, área u otro aspecto.

Si se elige la «location», se verá que PUMA está presente en todas las regiones. Seleccionaremos «América Central y del Sur», en caso de buscar trabajo desde Argentina y luego tildar el nombre del país. Se afinará un poco más la búsqueda por provincia.

El próximo paso es elegir el cargo que interesa, al seleccionarlo se verá las funciones y requisitos que piden para esa posición y la opción «APPLY NOW» para iniciar el proceso de postulación.

La empresa pedirá crear una cuenta con nuestro mail y contraseña. Al completar ese pequeño formulario, aplicará con el perfil de Linkedin, manualmente o rellenar de manera automática con el currículum.

LOS SUELDOS

Según el sitio Glassdoor, el salario para trabajadores de PUMA registra un rango muy amplio. Esto dependerá del tipo de contrato, lugar de trabajo, horas trabajadas y el acuerdo al que lleguen el empleado y empleador al iniciar las tareas laborales.

Key Account Manager cobra hasta 330.000 pesos por mes, mientras que un Procurador gana hasta $525.000. Un analista de Recursos Humanos puede recibir hasta 366.000 pesos y un Team Head percibe hasta casi $400.000.

Un Foreign Trade Manager puede recibir hasta 360.000 pesos y un Jefe de Comercio Exterior percibe entre $270.000 y $335.000. Por debajo de esa línea, aparece un Sport Marketing (hasta 240.000 pesos) y un Analista Legal (230.000 pesos).