Fue durante una mesa redonda de la que participaron académicos y representantes empresariales y sindicales, convocados por el Centro de Estudios de la Estructura Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Cenes) y la Fundación Friedrich Ebert, con la intención de que el convenio transite hacia un «desarrollo equilibrado, sostenible e inclusivo» para el país.
La tarea no es sencilla, de acuerdo con la presentación puesta sobre la mesa de debate, ya que los participantes consideraron que el acuerdo recorre «diferentes ámbitos que exceden la liberalización comercial para adentrarse en cuestiones como la armonización de la propiedad intelectual, las compras públicas y la regulación de inversiones», entre otros asuntos.
Para empezar, «quedan aún sin conocer algunos detalles precisos del acuerdo final alcanzado», y la extensión de los tópicos y su complejidad dificultan estimar los impactos económicos que tendrá el acuerdo, diferenciando sectores ganadores y perdedores al momento de entrar en vigor, como estimó el experto en negociaciones comerciales internacionales Adrián Makuc, quien encabezó el encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires a fines del mes pasado.
Las partes del acuerdo para entrar en vigor contemplan capítulos políticos, comerciales y de cooperación. «Del comercio de bienes es de lo que más se habla en las presentaciones hechas hasta ahora. Son textos con detalles importantes, pero no están todos, porque quedan sin conocer, por ejemplo, cuestiones como la denominación de origen, la lista de posiciones arancelarias y compras públicas, con informaciones contradictorias respecto de las negociaciones», advirtió Makuc.
«De lo que se ve en general y en ambos anuncios», el especialista estimó que en el comercio de bienes el acuerdo favorece más a la Unión Europea que al bloque sudamericano. En tal sentido, especificó que «la desgravación que obtiene la UE del Mercosur tiene un valor muy superior a la que ellos conceden y los beneficios para los productos más importantes de la oferta exportable del Mercosur están limitados a las cuotas arancelarias, que estipulan una cantidad fija sin pagar arancel y ninguna desgravación por fuera de la cuota».
En cambio, la UE podrá vender todos sus productos industriales al Mercosur «prácticamente sin limitaciones y sin pagar aranceles, en el momento en que se completen los plazos de eliminación que, en buena parte, están estipulados entre los diez y quince años», detalló Makuc, y advirtió que el Mercosur dejará «afuera un nueve por ciento del comercio bilateral, en calzado, textiles, siderúrgicos y metalmecánicos, entre otros rubros».
En cuanto al comercio y desarrollo sustentable, Marita González, representante de la CGT Internacional e integrante del Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur, consideró que su contenido es «bastante conflictivo, por ejemplo, sobre los derechos laborales», y denostó que lo referido a pymes, dentro del acuerdo, «se restrinja a la asistencia técnica». También observó que los capítulos «político y de cooperación no están terminados y que sí o sí deberán pasar por los parlamentos».
La gran pregunta
El tema de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio que hasta aquí fue suscripto por los gobiernos de ambos bloques económicos estuvo abordado en esta reunión de expertos, en la cual Makuc estimó que tras las definiciones pendientes de los negociadores -ya que siguen ajustes entre las partes- se espera que todo «terminará de escribirse en septiembre; que luego vendrá la revisión legal de las partes, los cálculos y traducciones (a los más de treinta idiomas oficiales que se hablan en la totalidad de los países miembros) para ir a los parlamentos a mediados de 2020».
Aclaró además que una vez aprobado por el Parlamento Europeo, la UE puede aplicar el convenio en forma provisional, pero «debe ser ratificado por los gobiernos de todos los países que integran el consejo de ministros europeo», que preside Donald Tusk, y, del lado del Mercosur, apuntó que «la discusión tampoco está terminada».
En este punto, Marita González sostuvo que «hoy, un 70 por ciento del acuerdo está en proceso de revisión técnica y legal» y que «algunos capítulos aún tienen corchetes, como el de comercio y desarrollo sustentable». Y remarcó como uno de los más complicados el capítulo de la desgravación automotriz, «prevista entre 10 y 15 años, pero anterior para las autopartes, que exigiría una rápida reconversión».
El dilema surgió durante el debate acerca de la posibilidad de que, en su momento, los cuatro países hagan que el acuerdo entre en vigor como bloque o si cada uno podría «ir por lo suyo» individualmente, como expuso Félix Peña, especialista en comercio internacional de la Fundación ICBC y directivo de la Universidad de Tres de Febrero (Untref).
Al respecto, Peña se remontó al artículo 3 del Tratado de Asunción, acordado el 26 de marzo de 1991 entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por el cual se creó el Mercosur, que «pone en vigor la reciprocidad; es un pacto de garantía por el cual no podría cada país manejarse en forma individual».
No obstante, y estimando que en ocasiones «no le damos la importancia que debería tener un marco jurídico», no descartó que eso pueda ocurrir. «Si lo hacen, será un toma y daca», reflexionó Peña.
En tanto, coincidió Makuc en que la discusión debe darse en los cuatro países juntos, en el seno del Consejo del Mercado Común, porque de lo contrario el procedimiento «sería disruptivo».
Los beneficios
En esta mesa de debate se distinguieron aspectos beneficiosos del acuerdo, y otros adversos para el Mercosur y para la Argentina en particular. Adrián Makuc estimó que es positivo para el bloque porque «cambia su relacionamiento con el mundo. Ya nadie podrá decir: ustedes no tienen relaciones con nadie», acotó.
También Julieta Zelicovich, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, ponderó que el «impacto más logrado del tratado es posicionar al Mercosur como actor internacional; fortalece la alternativa del bloque para negociar acuerdos, como mecanismo de coordinación y cooperación entre las partes y tiene un mecanismo de negociación anticipada en vigor, cada vez que un congreso lo ratifique».
A la par, Makuc expuso la necesidad de que «nuestro país aplique políticas públicas que cambien las condiciones económicas actuales», apuntando a mejorar la «competitividad y el empleo».
«Si es bueno o malo para nosotros dependerá de lo que hagamos de este lado, tanto en nuestro país como en Brasil», insistió el economista, quien diferenció la situación de Uruguay y Paraguay, que se presentan en mejores condiciones por sus economías menos voluminosas y abiertas. En cuanto a los europeos, no dudó en señalar que «van a aprovechar» este acuerdo.
Asimetrías
Durante la mesa redonda, Julieta Loustau, directiva de la Fundación Pro Tejer, describió que la Argentina no presenta «las mismas condiciones de competitividad ni con el resto del Mercosur». Al referirse a la «automatización y revolución 4.0 que caracteriza al sector textil a nivel mundial», lamentó que «esto incidirá, porque nuestro país en este contexto económico no está en condiciones de reconvertirse».
La economista indicó otro problema: que la Unión Europea puede importar textiles técnicos y terminar de confeccionar mercaderías sin ningún problema de que se ensamblen telas provenientes de otros países, por ejemplo de Asia, y que con ese proceso puedan obtener el sello de la UE e ingresar a la Argentina sin aranceles.
En el mismo ámbito, representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra) remarcaron las «asimetrías que encuentran entre la Argentina y la Unión Europea y cómo se ha ido cediendo, resultando que a nivel país lo conseguido es bastante pobre», opinó Iván Lorenzo, del Departamento de Comercio Exterior de la entidad.
Lorenzo diferenció que «la UE es un gran productor de bienes metalúrgicos a nivel mundial, sobre todo de bienes de capital de alta tecnología, con una producción apoyada por políticas públicas, mientras que la industria local no tiene fondos para reconversión».
«Esto podría afectar a toda la cadena de valor metalúrgica local, tanto por la mayor competencia en el mercado interno como en el brasileño, que es el principal destino de las exportaciones del sector», subrayó.
Un medio para un fin
Julieta Zelicovich consideró que este tratado tiene un «contenido estratégico político, con efectos distributivos; es un medio para un fin», al que también propuso designar como un «acuerdo de libre comercio profundo o regionalismo del siglo XXI».
¿Por qué se firmó ahora? Zelicovich ubicó el hecho dentro de una «crisis de la globalización, cuya lógica cambió en 2008 con el desarrollo comercial relacionado con una distribución de poderes y con alternativas políticas, como el Brexit, la irrupción de la figura de Donald Trump y el conflicto comercial con China, y un PBI mundial que crece poco. En este contexto, el acuerdo incrementa su valor estratégico en el horizonte».
Para la investigadora, a la Unión Europea este tratado de libre comercio «le sirve para canalizar sus valores en el mundo, y el Mercosur abraza la iniciativa».